On Marzo 19, 2013, the U.S. Supreme Court continued to protect the rights of Medicaid beneficiaries from states that have been attempting to take disproportionate share of their tort recovery, such as a personal injury or medical malpractice settlement/award.

En el caso Wos contra E.M.A ., el Tribunal Supremo de los EE.UU. sostuvo que la disposición antiembargo de la ley federal de Medicaid prevalece sobre la presunción legal de Carolina del Norte de que un tercio de cualquier indemnización por daños y perjuicios de un beneficiario de Medicaid es atribuible a gastos médicos. Esta decisión confirma e interpreta la decisión que el Tribunal tomó en Arkansas Dept. of Health and Human Servs. v. Ahlborn el 1 de mayo de 2006.

In Ahlborn, the Court held that a State Medicaid program’s right of recovery against a Medicaid recipient’s personal injury settlement or award is restricted to only that portion of the proceeds specifically allocated to past medical expenses. An important question, which the Court had no occasion to resolve in Ahlborn, is how to determine what portion of a settlement represents payment for medical care?

En el caso Wos contra E.M.A., un tribunal de primera instancia del estado de Carolina del Norte puso en depósito un tercio de una indemnización de 2,8 millones de dólares recibida por un beneficiario de Medicaid para recuperar la parte de la indemnización que representaba pagos por atención médica. La beneficiaria era una niña (E.M.A.) que recibió la indemnización en un litigio por daños y perjuicios contra médicos por lesiones sufridas en el momento de su nacimiento.

El tribunal de primera instancia del Estado de Carolina del Norte actuó de conformidad con una ley de dicho Estado que creaba la presunción irrefutable de que un tercio de los daños recuperados por un beneficiario por un perjuicio tortuoso podían ser cobrados por el Estado por ser atribuibles a un tratamiento médico.

El Tribunal Supremo de EE.UU. afirma que los Estados disponen de amplios medios para asignar las indemnizaciones por daños y perjuicios de los beneficiarios de Medicaid de forma eficiente y conforme con la legislación federal, y sugiere que los Estados pueden incluso adoptar criterios administrativos ex ante para asignar los gastos médicos y no médicos, si los criterios están respaldados por pruebas que sugieran que es probable que produzcan resultados razonables. Dados los amplios medios para asignar las indemnizaciones por daños y perjuicios, el Tribunal confirmó que los Estados no pueden "adoptar una asignación arbitraria y única para todos los casos".