Desde 2018, miles de beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) han estado recibiendo correspondencia de la Administración del Seguro Social (SSA) alegando falsamente que el beneficiario posee propiedades que lo hacen inelegible para SSI. Como resultado, la SSA ha estado cancelando los beneficios de estos beneficiarios y / o exigiendo que estos beneficiarios devuelvan a la agencia los beneficios recibidos.

El problema comenzó cuando la SSA, en un esfuerzo por identificar a los beneficiarios de ayudas públicas que poseían propiedades inmobiliarias no declaradas que les descalificarían para recibir prestaciones públicas, empezó a utilizar una base de datos de LexisNexis llamada "Accurint for Government". La SSA coteja las listas de propietarios indicadas en Accurint con su propia base de datos de beneficiarios de ayudas públicas. Si la SSA encuentra una coincidencia entre las dos (2) bases de datos, envía una carta al beneficiario informándole de que sus prestaciones han sido canceladas y, posiblemente, exigiendo el reembolso de las prestaciones recibidas. En la mayoría de los casos, la correspondencia de la SSA ni siquiera indica las propiedades de las que supuestamente es propietario el beneficiario, lo que dificulta que éste pueda rebatir las alegaciones de la SSA.

Sin embargo, el procesamiento de sus búsquedas por parte de la SSA ha adolecido de errores significativos que han dado lugar a la anulación de prestaciones a beneficiarios inocentes. En concreto, Accurint enumera a una persona como propietaria de un inmueble sin verificar si la persona tiene las mismas iniciales del segundo nombre o los mismos números de la seguridad social que el propietario indicado en la base de datos de Accurint. De este modo, se acusaba a un beneficiario con un nombre similar al de un propietario de poseer un bien inmueble del que en realidad no era propietario.

Accurint admite de buen grado que su base de datos no cumple los requisitos de la Fair Credit Reporting Act (FCRA). De hecho, LexisNexis indica en la parte inferior de su sitio web de Accurint un descargo de responsabilidad que dice: "Accurint for Government no es un informe de consumidor tal como se define en la Fair Credit Reporting Act y no puede utilizarse para ningún fin permitido por la FCRA". Con ello, LexisNexis elude la obligación de mantener normas razonables para la máxima exactitud posible de la información contenida en la base de datos de Accurint. La SSA está utilizando la cláusula de exención de responsabilidad para expulsar a los beneficiarios de la SSI y despojarles de sus derechos sin avisarles. Según la FCRA, los beneficiarios tienen derecho a ser notificados antes de que se tomen medidas contra ellos y a tener la oportunidad de que se investigue y corrija la información inexacta en la que se basa la medida.

La SSA afirma que Accurint sólo se utiliza como punto de partida para su investigación sobre los presuntos beneficiarios propietarios no declarados y que, antes de actuar, investiga más a fondo si los beneficiarios eran efectivamente propietarios. Sin embargo, muchos miembros del sector cuestionan esta afirmación y señalan casos en los que investigaciones adicionales habrían demostrado fácilmente la inocencia de los beneficiarios.

Si usted es un beneficiario que recibe una carta de la SSA indicando que sus beneficios habían sido cancelados, o incluso exigiendo el reembolso, y alegando incorrectamente que usted es dueño de la propiedad, usted debe ponerse en contacto con un abogado inmediatamente para ayudarle a responder a la SSA.